De igual modo que se prohíbe cualquier acto inaugural con presencia de autoridades políticas desde el mismo momento de la convocatoria de unas elecciones, la Junta Electoral Central o quien corresponda debería prohibir también los gráficos de colores de que se valen los candidatos para presentar sus propuestas para tal o cual instalación abandonada, infrautilizada o proyectada de la ciudad. Un juez debería sancionar al aspirante que haga uso del autoCAD para imaginar cómo sería bajo su mandato cualquier edificio construido o por proyectar.

La aspiración por la obra pública, por el monumento que perpetúe la memoria del gobernante -los ejemplos están tan recientes como una semana- no es sino una pulsión que entronca con la tradición romana y que los dictadores de entreguerras llevaron al paroxismo. La tentación de ver al político bajo el prisma de su intervención en la ciudad está tan arraigada que parece inútil luchar contra ella. La placa inaugural ha hecho más daño del que podemos imaginar.

Nuestros dos principales candidatos, Espadas (PSOE) y Zoido (PP), andan a la greña discutiendo a quién se le ocurrió primero convertir las naves de antiguo uso ferroviario de San Jerónimo en un vivero de empresas jóvenes. ¿Alguno de los dos se ha parado a considerar el coste de transformación de ese edificio abandonado? ¿Alguno de los dos está dispuesto a rendir cuentas dentro de un lustro de cuántas empresas nacieron bajo aquellas bóvedas y cuánto han facturado desde entonces? Como siempre en políticas de incentivos, es más fácil hablar que hacer. Porque, a qué engañarnos, el margen para llevar a cabo ideas imaginativas es más bien escaso.

Pero el empecinamiento de nuestros gobernantes por inmiscuirse en la vida empresarial es tan obsesiva como inútil. Ahí está el ejemplo del polígono Arte Sacro, a donde el Ayuntamiento quería llevar todos los talleres de artes menores relacionadas con la Semana Santa y que ha acabado como el rosario de la Aurora.

La ventanilla única para recibir la documentación precisa para abrir un establecimiento se viene prometiendo desde hace tanto tiempo que, al menos, ya nadie tiene la decencia de volver a anunciarla. Las licencias para colocar veladores en la acera se demoran tres años sin que nadie mueva un músculo de la cara. El retraso en la concesión de cualquier permiso de las decenas que requiere la apertura de un negocio es algo que se da ya por descontado. Todos los aspirantes se disputan ser el más favorable a los emprendedores, pero las buenas intenciones se olvidan enseguida en cuanto se enfrentan a la maraña burocrática.

Los candidatos a la Alcaldía rivalizan en proponer iniciativas con dinero público para favorecer la actividad económica en la ciudad: centros de formación, incubadoras de empresas, polígonos especializados, observatorios de empleo, comisiones metropolitanas y una panoplia tan amplia como inservible en la práctica. Los empresarios ya establecidos -y los que aspiran a hacerlo- se limitan a palmearles la espalda y suspirar por que, al menos, les rebajen las trabas ya existentes.

No hay otro asunto en el que el discurso de campaña vaya por un lado y el discurso real vaya por otro bien alejado. Todos los candidatos de todos los comicios han prometido abonar las facturas en tiempo y forma, pero nunca se ha cumplido. Bastaría con que el Ayuntamiento saldara su deuda con los proveedores para inyectar en la ciudad un caudal al que los empleadores y los empleados sabrían darle el destino más adecuado para sus intereses.

Con el presupuesto municipal hipotecado en un porcentaje superior al 80 por 100 y la inversión bajo mínimos, al Ayuntamiento que salga de las urnas el 22 de mayo le va a quedar muy poco margen de maniobra para incidir realmente en la vida económica de la ciudad. Eso sí, puede proponerse pleitear con la Junta de Andalucía por la apertura del palacio de San Telmo como museo en virtud del impacto favorable que tendría para el turismo. Pero poco más.

En las campañas electorales del extranjero, casi no se debate sobre estos asuntos. Se debate -y mucho- sobre crear las condiciones deseables para que germinen proyectos empresariales. Y esas condiciones tienen que ver con los impuestos, principalmente, y en segundo lugar, con la seguridad, la movilidad y el nivel educativo de la población. Pero a ningún político se le ocurre prometer un centro de investigación costeado con cargo a las arcas públicas como la panacea económica de la ciudad.

¿Cuál fue la última empresa que eligió instalar su sede en Sevilla? Quizá la respuesta no esté en las naves de San Jerónimo sino en la suciedad de las calles, la tasa de fracaso escolar o la inseguridad de las mujeres de los ejecutivos para lucir sus joyas en cócteles. Y todo eso se puede arreglar a poco que se ponga interés.

javier.rubio@elmundo.es

4/4/11