En torno a las prejubilaciones amañadas, lo peor que podemos hacer es discutir sobre el dinero. Para eso ya están los líderes de opinión madrileños, tan acostumbrados a opinar con brocha gorda llenándose la boca con los 647 millones de euros o, mejor aún, con los 107.000 millones de pesetas que abultan más al decirlo e inflan, a su entender, la gravedad de la trama corrupta que sólo ahora empezamos a vislumbrar en toda su extensión.

La cuantía de los fondos administrados sin suficiente respaldo legal les sirve a unos y a otros para tirarse los números a la cabeza comparando los millones de euros malversados con los trajes que Camps aceptó como regalo. Y ahí, en ese intercambio de fondos públicos mal administrados, el asunto queda despojado de toda su gravedad, convertido apenas en un desfalco de los muchos que se producen a diario así en la Administración pública como en la empresa privada. Unos regalan trajes y otros regalan pensiones: empate en el marcador.

En Madrid, como bien advertía Ignacio Camacho el viernes trazando como siempre una raya en el agua, la corrupción de los ERE se ve como «una peripecia anecdótica a beneficio del inventario picaresco que acuna el tópico de un caciquismo encastrado». Algo así como ‘ya están otra vez los andaluces con sus enjuagues’.

Resulta difícil substraerse a los elementos más chuscos de la trama, que darían para una obra bufa, por lo menos. E igualmente complicado es abstraerse de la cantidad que hayan podido cobrar indebidamente para acercarse a la cuestión medular de esta corrupta forma de ejercer el gobierno.

No, no es cuestión de dinero. Ni mucho menos son 640 millones de euros los malversados porque la inmensa mayoría de los prejubilados tenía derecho a sus prestaciones. Pero qué más da que hayan sido en total 6 o 7 millones de euros los distraídos…

Ahí es donde nos quiere llevar la Junta de Andalucía: a discutir si han sido 6 o 7 millones de euros los malversados y a pretender acallar el escándalo con la devolución de los fondos defraudados. Pero no es eso de lo que tenemos que discutir. Lo que está en cuestión, lo que este caso viene a revelar es la arbitrariedad con que se han manejado fondos del contribuyente.

Es el compadreo en el trato con la Administración pública –en la que el ordenamiento jurídico intenta reducir al máximo el margen de discrecionalidad en la toma de decisiones- el que tenemos que denunciar. Decía Chaves, para quitarle hierro al asunto según él, que se puede discutir sobre la eficacia o no de las ayudas a las empresas para ajustar la plantilla prescindiendo de sus trabajadores más veteranos.

Por qué a unos sí y a otros, no

Exacto. Ese es el asunto: por qué la connivencia de la Junta de Andalucía con los empresarios ha arrasado con la generación de empleados cincuentones, convertidos en prejubilados. La cuestión, más allá del dinero defraudado, es por qué una empresa podía esperar que su expediente de regulación de empleo fuera incentivado con dinero público y otra competidora tenía que costearse los despidos con cargo a la cuenta de resultados.

Y de ahí no nos vamos a mover. Queremos una explicación. No de lo del cuñado de Viera o de lo de la mujer de Lanzas. Qué va. Lo que los ciudadanos del común –puesto que ningún partido político lo va a hacer estando en juego tantos miles de votos- deberían demandar es una explicación de por qué se subvencionó la prejubilación de cinco trabajadores de un concesionario de coches, por ejemplo, mientras otro de la misma calle si se quiere, tenía que pagarse su ajuste laboral.

Que nos expliquen el señor Guerrero, todos los ex consejeros de Empleo además de Chaves y Griñán por qué era vital para la autonomía andaluza que de nuestros impuestos se pagara al personal cesante de un restaurante. ¿Por qué ese restaurante en concreto y no el de al lado? ¿Por qué había dinero para unos sí y para otros, no?

Aquí todos tienen que callar. ¿Alguien ha oído una palabra a la patronal desde que estalló el escándalo?, con todos los empresarios andaluces, que es justo lo que no ha existido en una década?

Este caso de los ERE amañados es la medida del gobierno socialista en la autonomía andaluza: un régimen de gobierno en el que el compadreo, la amistad, llamar a la puerta oportuna, engrasar la maquinaria burocrática convenientemente se ha convertido en el mejor aval para hacer negocio.

Lo de menos es el dinero. Lo sustantivo es la miseria moral que revela esta trama de la que todos –muchos más que los cuñados y los sindicalistas de Jaén que salen ahora- se beneficiaban a la chita callando. ¡Cómo van a piar ahora!